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Juez federal reprende abogado por no responder preguntas sobre vuelos con deportados 3g5w6m
La batalla judicial se centra en el uso por parte del gobierno de Trump de una ley de 1798 para deportar a personas que, según afirma, forman parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua. d531z
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El juez afirmó que una orden es una orden.
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SUSCRÍBETE "Usted dice que consideró que podía ignorarla porque no era una orden escrita", dijo Boasberg, calificando el argumento del Departamento de Justicia de "exagerado".
Le formuló a Kambli numerosas preguntas sobre los vuelos, incluyendo cuántos eran y cuántos estaban en el aire en ese momento, y el abogado se negó a proporcionar detalles, alegando motivos de seguridad nacional.
"Solo estoy autorizado a decir lo que hemos dicho" en los documentos judiciales, declaró Kambli.
El documento en cuestión establecía que los demandantes en el caso "no pueden utilizar estos procedimientos para interferir con la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores, y que el Tribunal carece de jurisdicción para hacerlo".
El juez ordenó a Kambli que respondiera varias preguntas sobre los vuelos antes del mediodía del martes y que le diera una explicación oficial sobre por qué no pudo revelar esa información en la audiencia del lunes, y en qué foro pueden responder a esas preguntas.
Boasberg dijo que emitiría una orden escrita con esas preguntas después de la audiencia, "ya que, al parecer, mis órdenes orales no parecen tener mucho peso". Programó otra audiencia para el viernes.
Justo antes de la audiencia, el Departamento de Justicia envió una carta a un tribunal federal de apelaciones solicitando la exclusión de Boasberg del caso, argumentando que puso en peligro la seguridad nacional al realizar una investigación sobre la iniciativa que la istración anunció el sábado.
"El Gobierno no puede, ni será, obligado a responder preguntas delicadas de seguridad nacional y relaciones exteriores de forma apresurada sin una sesión informativa ordenada y sin demostrar que estas preguntas son relevantes para un asunto de actualidad. Responderlas, especialmente en el plazo propuesto, es flagrantemente impropio y presenta graves riesgos para la conducta del Gobierno en áreas totalmente inadecuadas para la supervisión minuciosa de un juez de distrito", decía la carta.
